Principales rupturas y continuidades en el intelectualismo económico Argentino de siglo XX.

A partir del golpe del 24 de marzo de 1976, la dictadura militar llevará adelante una profunda reestructuración social y económica, impulsando el tránsito desde una sociedad industrial hacia otra basada en la valorización financiera. Este nuevo patrón se vincula estrechamente con la fuga de capitales al exterior y, ya en la década del noventa, se complementará con un proceso masivo de privatización de empresas públicas.

El nuevo régimen de acumulación, sustentado en la desindustrialización y la valorización financiera, transformará radicalmente las relaciones entre capital y trabajo, así como también entre distintos sectores del capital. Los trabajadores se enfrentarán a una drástica reducción del salario real, precarización laboral, aumento del desempleo y marginación social. El capital, por su parte, se concentrará en un reducido grupo de conglomerados económicos, empresas transnacionales y bancos acreedores, que no solo ampliarán su participación en la distribución del ingreso y la riqueza, sino que también lograrán subordinar al Estado e influir decisivamente en el rumbo del proceso económico y social.

El nuevo patrón de acumulación instaurado tras el golpe de 1976 golpeará de manera profunda a los sectores productivos que sostenían el modelo de sustitución de importaciones, quebrando la articulación entre industria nacional y Estado que había constituido el eje del desarrollo económico hasta entonces. Esta transformación acarreará una crisis sin precedentes y una reestructuración profunda del aparato industrial, que culminará en el cierre de miles de plantas fabriles. Desde entonces, el nuevo esquema de acumulación se apoyará en un tipo de Estado distinto, funcional al capital financiero.

Como todo proceso social, económico y político, este también contará con sus intelectuales orgánicos: aquellos que buscan generar consenso y legitimidad social en favor de las transformaciones impulsadas, así como también quienes las cuestionan o resisten. Cabe advertir que estas transformaciones no son necesariamente progresistas ni conducen siempre a una mejora en la calidad de vida; lo que para algunos actores sociales o corrientes ideológicas puede significar un avance, para otros puede representar un retroceso. Considerando estas salvedades, analizaremos los principales ejes del debate intelectual durante el período que abarca el ciclo de valorización financiera y desindustrialización (1976-2001), abordando tanto visiones heterodoxas como ortodoxas.

Por heterodoxia entendemos aquellas teorías que cuestionan profundamente la capacidad autorreguladora del sistema económico y subrayan la necesidad de una intervención activa del Estado para lograr mejoras significativas en el nivel de vida de la población. Dentro de este campo, se destacan tres corrientes: el neoestructuralismo, representado por Fernando Fajnzylber; el neodesarrollismo de base industrial, identificado con el grupo Fénix, FIDE y la UIA; y el neodesarrollismo de base agraria, expresado por figuras como CEO, Okita y Forteza.

Del lado ortodoxo, analizaremos los aportes de Domingo Cavallo, Álvaro Alsogaray y la Fundación FIEL, exponentes del pensamiento neoliberal que buscaron legitimar el nuevo patrón de acumulación instaurado desde 1976.

La corriente neoestructuralista de raíz cepalina se consolida en los años noventa con los trabajos de Fernando Fajnzylber durante la década anterior. La transición del estructuralismo al neoestructuralismo implicó una reorientación de prioridades dentro de la CEPAL, que relegó el énfasis en el desarrollo productivo y la equidad, para centrarse en cuestiones de estabilidad macroeconómica, particularmente en torno a la trilogía deuda-inflación-ajuste. La CEPAL proponía renegociar la deuda externa como vía para posibilitar un ajuste con crecimiento, priorizando mecanismos para controlar la inflación y recuperar el crecimiento y la inversión, al tiempo que reafirmaba la necesidad de diversificar la producción y las exportaciones como solución estructural a los desequilibrios externos.

A fines de los años ochenta, en un contexto de creciente apertura comercial y financiera, privatizaciones y reducción de la intervención estatal, el neoestructuralismo reconoce la necesidad de revisar el papel del Estado en la economía, pero continúa asignándole un rol central en el desarrollo socioeconómico, especialmente en las áreas financiera, productiva y ambiental. El documento “Transformación productiva con equidad” (CEPAL, 1990), coordinado por Rosenthal y Fajnzylber, sintetiza los lineamientos de esta etapa. Se promueve una apertura comercial que genere una competitividad auténtica, basada en la innovación y el fortalecimiento de la capacidad productiva. Esta competitividad, junto con una exitosa inserción internacional, requeriría inversión en infraestructura, formación de recursos humanos y políticas de progreso técnico. El documento distingue entre una competitividad auténtica —basada en el avance tecnológico, la calificación del capital humano y la equidad— y una competitividad espuria —apoyada en ventajas cambiarias, salarios bajos o recursos naturales. A su vez, se reivindica el papel central de la industria como sector con mayor potencial de difusión tecnológica, articulada con el resto de los sectores para generar encadenamientos productivos. El neoestructuralismo también plantea la necesidad de regular estrictamente los flujos de capital de corto plazo y promover un regionalismo abierto.

Una segunda vertiente heterodoxa es el neodesarrollismo de base industrial, que concibe el mercado interno como motor del desarrollo, pero ampliado hacia el espacio regional mediante la profundización del MERCOSUR. Esta expansión permitiría generar economías de escala que mejoren la competitividad y permitan competir en los mercados internacionales. En esta visión, las exportaciones no son un fin en sí mismo, sino un complemento del mercado interno que alivia la restricción externa y facilita el cambio tecnológico. Se promueve la producción de bienes con alto valor agregado que incorporen trabajo calificado y eleven las capacidades tecnológicas del entramado productivo y los niveles salariales. El objetivo es competir internacionalmente por calidad, diseño y servicios, y no por precio. En cuanto a la regulación del proceso productivo, el Estado debe asumir un rol estratégico en la asignación de recursos, invirtiendo en infraestructura y políticas de sostén del ingreso. Debe mejorar el funcionamiento del mercado, no suprimirlo. El protagonismo en el proceso de crecimiento debe recaer en las PYMES, por su capacidad de generar empleo, y en las empresas transnacionales (ETS), que deben ser reguladas para integrarse al entramado productivo y no operar como enclaves aislados.

Una tercera corriente es el neodesarrollismo de base agraria, que plantea una estrategia orientada hacia el exterior, con eje en las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa (IED). El Estado debe facilitar la diversificación de productos y destinos exportables, así como la formación de empresas con capacidad exportadora. En una primera etapa, se propone especializarse en productos agroindustriales con alto valor agregado, aprovechando las ventajas naturales del país. Existen aquí dos enfoques sobre el rol del Estado: uno, representado por CEO y Redrado, promueve la interacción público-privada como mecanismo de asignación de recursos productivos; el otro, representado por Okita y Forteza, sostiene que debe ser el mercado quien oriente exclusivamente dicha asignación, limitando al Estado a la creación de un entorno competitivo. En cuanto a los actores del proceso de acumulación, Forteza plantea que un grupo reducido de grandes empresas, tanto nacionales como multinacionales, debe liderar la estrategia de desarrollo. Para Okita, en cambio, esta tarea debe ser compartida entre ETS, grandes empresas nacionales y PYMES.

En el campo ortodoxo y neoliberal, Domingo Cavallo publica en 1984 Volver a crecer. Allí sostiene que la economía argentina está estancada, con un crecimiento promedio anual de solo 0,6% entre 1974 y 1983 y una caída del producto per cápita del 1,2% anual. Según Cavallo, el país ha sido incapaz de construir instituciones económicas y políticas estables, generando en cambio un sistema ineficiente, caótico y refractario al interés general. La expansión del Estado ha restringido la competencia y degradado los mercados, llevando a lo que denomina una mezcla de “socialismo caótico y capitalismo sin competencia”. Aunque sostiene que las discusiones económicas giran en torno a dicotomías falsas —como sustitución vs. agroexportación, estatismo vs. liberalismo, redistribución vs. crecimiento—, sus propuestas se alinean claramente con la ortodoxia liberal: reducción del gasto público, privatización, liberalización del comercio y del sistema financiero, eliminación de retenciones y cumplimiento estricto de las obligaciones externas. Para Cavallo, el estancamiento es consecuencia del cierre económico; la solución, entonces, pasa por abrir la economía y alinear los precios internos con los internacionales.

El segundo texto, El fracaso del estatismo (FIEL, 1987), parte de la premisa de que la economía argentina ha fracasado en su intento de mejorar el nivel de vida mediante un Estado hipertrofiado. Propone una reforma estructural del Estado, centrada en la reducción del gasto público, la desregulación, la descentralización y la privatización. Según FIEL, el intervencionismo estatal se justificó por el supuesto fracaso del mercado, pero produjo déficit crónicos financiados mediante impuestos distorsivos, endeudamiento o emisión monetaria, lo que derivó en alta inflación, inestabilidad y expulsión del sector privado del crédito.

En 1989, Álvaro Alsogaray publica Bases liberales para un programa de gobierno, donde identifica al sistema implantado en 1945 por Juan D. Perón —basado en el estatismo, el intervencionismo y el desarrollismo— como la raíz de la decadencia argentina. Este modelo habría generado déficits fiscales financiados con emisión monetaria, lo que explicaría la persistente inflación. Propone reemplazarlo por una "economía social de mercado", basada en el ingreso de capitales internacionales, lo cual requiere restaurar la confianza mediante un "shock de confianza". Este incluiría saneamiento monetario y reformas estructurales como la flexibilización laboral, privatizaciones, apertura comercial, liberalización financiera y achicamiento del Estado.

En síntesis, los trabajos de Cavallo, FIEL y Alsogaray expresan de manera nítida los postulados del neoliberalismo ortodoxo. Coinciden en criticar la intervención estatal y proponer su drástica reducción, junto con reformas estructurales centradas en la desregulación, apertura económica y privatización. Según esta visión, el crecimiento económico depende de la especialización productiva según ventajas comparativas y la atracción de inversión extranjera a través de la liberalización de los mercados.