LA DEUDA PUBLICA BRUTA

ALCANZÓ UN NUEVO REGISTRO RÉCORD BAJO GESTIÓN LIBERTARIA POR EMISIONES Y OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO, AJUSTES POR INFLACION Y CAPITALIZACIÓN DE INTERESES

Lic. Alejandro Sangiorgio- 5/05/2026

RESUMEN EJECUTIVO

En los últimos años han proliferado algunas mediciones alternativas sobre el desempeño de deuda pública, las cuales dependen en general de supuestos y criterios muy peculiares desde el punto de vista teórico. En particular, el gobierno nacional alimenta un “relato” que plantea que el stock de deuda pública habría experimentado una disminución tras más de dos años de gestión, una narrativa apoyada por los medios hegemónicos y respaldada técnicamente por una “corte de adláteres” (numerosas consultoras de la city y especialistas en finanzas) afines a la ideología neoliberal y ultra-ortodoxa libertaria. A fin de sustentar este resultado, estos actores aplican la metodología de la “deuda pública (neta) consolidada”, la cual en base a supuestos y criterios bastante singulares e intrincados, entraña un cálculo que incluye la deuda pública bruta de la Administración Central, a la cual se le suman los pasivos remunerados del BCRA, y se le restan (a fin de evitar duplicaciones) los créditos que esta entidad tiene a su favor contra el Tesoro.

Luego, durante el período que lleva la gestión libertaria, si bien la deuda pública bruta aumentó en un monto de U$S 58.273 millones entre marzo 2026 y noviembre 2023, sin embargo si se toman en cuenta los pasivos, que reabsorbió el Tesoro del BCRA para “sanear su hoja de balance”, y se netea el total de activos y créditos que esta última entidad tiene a su favor contra el Tesoro, luego el stock de deuda consolidado se habría reducido en algo menos de U$S 20.000 millones en los últimos 28 meses. Se advierte que el gobierno nacional y los “calculistas” adeptos al oficialismo recurren a una “alquimia espectral” que distorsiona algunos desarrollos clave en materia de deuda, pero que cumple su finalidad al aportar materia prima para nutrir un relato épico acerca del esfuerzo histórico de desendeudamiento realizado por el gobierno libertario, destacando incluso las bondades del proceso de saneamiento de la hoja del balance del BCRA.

Es posible plantear cuatro grandes interrogantes sobre algunos de los supuestos y criterios que sustentan la metodología de “deuda pública consolidada”. Primero, el enfoque deuda pública consolidada (y también otras formas alternativas de medición) toma como fecha inicial de comparación del devenir de la deuda pública el mes noviembre 2023, la cual es una decisión muy cuestionable, en tanto esa elección no permite computar los efectos de la megadevaluación de inicio de mandato libertario, la cual vía shock inflacionario licuó gasto público y deuda en pesos, provocando un brutal ajuste. Más bien, corresponde atribuir al gobierno de Milei (diciembre 2023) las implicancias de la decisión política de “licuación”, que liquidó de un plumazo un monto de acreencias en pesos contra el Estado nacional igual a U$S 55.000 millones, una decisión que además entrañó una verdadera “expropiación” de derechos a tenedores de deuda en pesos, un fenómeno paradójico para un gobierno libertario que dice defender a ultranza los derechos de propiedad y el mercado.

Segundo, la decisión de sumar la deuda pública bruta de la Administración central con los pasivos remunerados del BCRA plantea algunos problemas de carácter teórico, en tanto los pasivos en cuestión poseen una naturaleza conceptual muy diferente. En efecto, mientras la deuda del Tesoro es deuda soberana directa, en cambio, los pasivos remunerados del BCRA son instrumentos de política monetaria diseñados para regular la liquidez y el valor de la moneda. Tercero, la magnitud y el signo de las variaciones finales de deuda neta consolidada resultan muy sensibles a diferentes cuestiones vinculadas con los criterios elegidos para su cálculo: entre otros, la elección de la unidad de cuenta, y los neteos de los diferentes activos o créditos a consolidar entre el BCRA y el Tesoro, en tanto esos cálculos no sólo incluyen siempre los mismos títulos o activos, sino que además algunos de estos ítems enfrentan inconvenientes al momento de encontrar un criterio para valuarlos correctamente.

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