Lic. Alejandro Sangiorgio 19/01/2026
RESUMEN EJECUTIVO
Transcurridos los primeros dos años de la gestión Milei, se asistió a una brutal política de destrucción del empleo público nacional, el cual anotó una pérdida de casi 61.600 puestos entre noviembre 2025 y noviembre 2023, computando una caída relativa de casi una quinta parte de la dotación del sector público nacional, así como también se avanzó con una fenomenal pulverización de los salarios públicos nacionales, en tanto se advierte que el poder adquisitivo de las retribuciones nacionales experimentó una merma algo inferior al 40% en el período. Desde el inicio de la gestión, el gobierno libertario se propuso instrumentar diferentes medidas dirigidas a reducir la intervención del Estado en la economía, materializadas no sólo a través de la supresión y/o fusión de muchos ministerios y el traspaso de numerosas áreas hacia otras carteras, complementadas asimismo con la reducción de muchas de las actividades llevadas a cabo por diferentes unidades organizativas del actor nacional, sino también recurriendo a una agresiva política de liquidación del empleo público y un fuerte ajuste de las retribuciones salariales nacionales reales en el período.
Desde sus comienzos el “relato” libertario publicitó la idea de un actor estatal sobredimensionado en sus estructuras, en la cantidad de organismos y dependencias a su cargo, con funciones y responsabilidades de gasto desmedidas, con un exceso de cargos en el ámbito público nacional, un fenómeno que se traducía no sólo en la continua generación de sostenidos déficits fiscales nacionales, sino que resultaba el origen del principal desequilibrio macroeconómico (i.e. la inflación), dando cuenta de “una lógica perversa” en el acontecer económico nacional, el cual en última instancia, resultaba el principal motivo de la decadencia material del país en los últimos 80 años.
Es posible afirmar que la feroz política de demolición de la institucionalidad estatal impulsada por el “topo Milei” persiguió claramente dinamitar el funcionamiento del actor estatal nacional, en la medida en que socavó la ejecución material de importantes responsabilidades de gasto a su cargo, así como también debilitó el papel de los organismos de control e instancias clave en la rendición de cuentas (donde en muchos casos los agentes públicos nacionales llevan a cabo un rol que no puede ser asumido por el sector privado), desarticuló el sistema científico-tecnológico nacional, cercenando las capacidades claves de investigación e innovación para sostener un modelo de desarrollo soberano e independiente, y finalmente, vació el rol fundamental de numerosas actores, agencias y empresas del estado en la provisión de obras de infraestructura pública, asestando un duro golpe a la competitividad de la economía nacional.
Resulta fundamental “desmontar” cada una de las “falacias” de la narrativa libertaria, que incansablemente proclamó los diferentes beneficios derivados del achicamiento de la institucionalidad estatal. Primero, la brutal pérdida de cargos públicos nacionales, así como la evaporación del poder de compra de los salarios públicos, redundó en una significativa caída del gasto en personal, que contribuyó al ajuste del gasto primario nacional, pero ello no se tradujo en una notoria reducción de la presión tributaria nacional soportada el sector privado. Segundo, en virtud de la brutal destrucción de puestos asalariados registrados privados en el período, el sector privado formal estuvo muy lejos de poder absorber la oferta de trabajo resultante de los despidos masivos verificados en el Estado nacional. Tercero, resaltar la desidia, la demagogia, y la crueldad de un gobierno libertario, que al tiempo que publicitaba promesas de transparencia y austeridad en la administración pública, para acabar con la alegada endémica corrupción estatal, procedió a articular desde el inicio de la gestión, un entramado de múltiples sobornos, sobreprecios y lavado de dinero, a partir del desvío de fondos de áreas “sensibles” (Andis, Anses y Pami), configurando una vergonzosa “red de coimas”, montada sobre la necesidad y carencias de sectores vulnerables, que involucra a importantes actores prestigiosos del sector privado, y que reviste una enorme gravedad institucional en tanto alcanza al entorno más cercano del presidente Milei.