Un análisis de la situación del trabajo registrado,
el desempeño de los ingresos reales formales,
y la evolución de la cantidad de empleadores
Período Noviembre 2025 vs. Noviembre 2023
In memorian, a R.O.S.
un luchador incansable
INDICE Págs.
RESUMEN EJECUTIVO …………………………………………………………………. 2
- Evolución del empleo registrado según modalidad ocupacional entre noviembre 2025
y noviembre 2023……………………….…………….……………………………….…… 5 - Desempeño del empleo registrado privado entre noviembre 2025 y noviembre 2023 ….. 6
i. Observaciones generales …………………………………………………………. 6
ii. Evolución del empleo registrado privado por sector de actividad ……………… 8
iii. Evolución del empleo privado registrado por jurisdicciones ………….……….. 8
3.Comportamiento de las remuneraciones salariales de los sectores privados y públicos
registrados entre noviembre 2025 y noviembre 2023 …….……………………………….… 9 - Evolución de la cantidad de empleadores entre noviembre 2025 y noviembre 2023 ……..12
5.Consideraciones finales y perspectivas ………………. …………………………..….. 15
Lic. Alejandro Sangiorgio 09/03/2026
RESUMEN EJECUTIVO
En los primeros dos años de gestión libertaria, se asistió a un fenómeno sin precedentes en la historia económica reciente del país, tanto por la profunda destrucción de trabajo registrado formal, el notorio incremento de la precarización laboral, el deterioro de las remuneraciones salariales, así como por la desarticulación del tejido empresarial. El escenario laboral y la dinámica empresaria durante la era Milei revelan un ajuste prolongado que no sólo impactó severamente en la cantidad de puestos de trabajo formales y el perfil del nuevo empleo generado, sino también en la estructura empresarial y en la capacidad productiva del país. En todos los casos, se trata de unos claros efectos derivados tanto de la aplicación de una drástica política de ajuste fiscal y monetario, y de medidas de desregulación, liberalización, y apertura comercial, ideadas para reducir la inflación (a partir del firme convencimiento dogmático de que la resolución de este desequilibrio permitiría allanar el camino para el logro del saneamiento macroeconómico) así como también de una violenta reconfiguración de los precios relativos que alentó la reprimarización de la matriz productiva, la cual pasó a estar motorizada por sectores extractivos (agro-industria, pesca, minería, e hidrocarburos) servidos por una plataforma de servicios financieros, inmobiliarios y logísticos, un perfil de actividades que no se caracterizan por ser mano de obra intensivos.
La evolución del trabajo registrado por modalidad ocupacional en base a los últimos datos del SIPA (febrero 2026) permite confirmar el brutal derrumbe de empleo asalariado formal, así como también un aumento de las modalidades de trabajo independiente más vulnerables. Por un lado, se tiene que el empleo asalariado registrado contabilizó una caída de casi 300.000 trabajadores entre noviembre 2025 y noviembre 2023 (-2,9%). Este desempeño adverso del empleo asalariado formal se explica por la performance negativa, tanto del sector privado, del sector público, y del trabajo en casas particulares. No obstante, es dable notar que el empleo registrado privado dio cuenta de las dos terceras partes de la variación absoluta negativa del empleo asalariado registrado en el período. En efecto, se tiene que el empleo asalariado privado anotó una caída de casi 197.000 trabajadores (-3,1%), el empleo asalariado público (incluye todos los niveles de gobierno) verificó una merma de 80.900 trabajadores (-2,3%), y el empleo en casas particulares soportó una disminución de 22.000 trabajadores (-4,7%).
Por otro lado, el trabajo independiente registrado exhibió una pérdida de 241.300 trabajadores en el período (-7,9%). Es importante notar que al interior de esta categoría se observaron comportamientos heterogéneos. En especial, la evolución de la categoría de monotributistas sociales fue determinante para el desempeño conjunto negativo de trabajadores independientes. En efecto, la cantidad de trabajadores del monotributo social reflejó una significativa merma de 385.800 trabajadores (-60,8%), como consecuencia de la decisión libertaria de reformular el régimen hacia fines del 2024. En tanto, los autónomos anotaron una suba 7.200 individuos (1,9%), mientras que el número de trabajadores adheridos al monotributo, que alcanzó la cifra más alta desde que se elaboran estas estadísticas desde enero 2012, registró una suba de 137.300 aportantes en el período (+6,7%).
Los desarrollos apuntados permiten advertir tres fenómenos contundentes. Primero, se asistió a una destrucción “récord” de puestos de trabajo asalariados registrados formales. Segundo, a contramano de la narrativa oficial libertaria, el sector registrado privado estuvo muy lejos de poder absorber la oferta de trabajo resultante de los despidos masivos verificados en el Estado nacional. Tercero, se comprueba una creciente precarización del mercado laboral, ya que sólo se generaron modalidades ocupacionales, fundamentalmente asociadas al monotributo (el aumento de autónomos fue exiguo), el cual comporta una categoría ocupacional vulnerable e inestable, caracterizada por una escasa calificación, alta rotación, y en general bajos ingresos. Asimismo, se verifica que el desempeño positivo de las modalidades de autónomos, y fundamentalmente del monotributo en el período, estuvieron muy lejos de poder compensar la notoria pérdida de empleo asalariado formal, ya que sólo cubrieron el 48% de la merma de trabajadores asalariados registrados (144.500 vs. -299.700).
No debe dejar de advertirse las preocupantes repercusiones derivadas de la decisión del gobierno libertario de modificar los criterios de permanencia dentro del régimen de monotributo social, lo cual resultó en la expulsión de un importante número de trabajadores que hasta entonces figuraban como registrados. El gobierno nacional adujo que las modificaciones introducidas persiguieron el objetivo de contar con un universo más afinado de los beneficiarios de este régimen, procurando garantizar que la herramienta cumpliera con su propósito original. No obstante, cabe apuntar que esa decisión plantea enormes interrogantes, en tanto implicó que algo menos de 400 mil personas perdieron la posibilidad de formalizar su trabajo, acceder a una obra social, y realizar aportes jubilatorios a través de este régimen (aún cuando algunos ex-beneficiarios de este régimen pudieran haberse incorporado luego al monotributo). La medida oficial afectó a un sector vulnerable de la población que utilizaba esta herramienta para integrarse a la economía formal, pero que desde la reformulación del régimen se sumergió en una condición de absoluto desamparo.
El empleo asalariado registrado privado alcanzó a 6,189 millones en noviembre 2025, equivaliendo a algo menos de la mitad del empleo registrado total, y representando las dos terceras partes del empleo asalariado formal total. En términos mensuales, cuando se computa la evolución desestacionalizada de esta variable, se verifica que noviembre 2025 anotó la sexta caída consecutiva respecto al valor máximo de mayo 2025, con una merma de 13.100 trabajadorxs respecto a octubre y de 86.100 puestos respecto a mayo 2025. Por otro lado, vale advertir que la cifra del empleo asalariado formal privado en noviembre 2025 coincide con el registro que esta variable había alcanzado en mayo 2015. Esto significa que se cuenta en la práctica con la misma cantidad trabajadores registrados privados de hace diez años y 6 meses atrás, pero con una población que ahora tiene casi cinco millones de habitantes más.
En términos estrictos, el empleo asalariado privado verificó una destrucción neta de 196.700 puestos de trabajo (-3,1%) entre noviembre 2025 y noviembre 2023, como resultado de la pérdida de 213.300 empleos y de la creación de 16.600 nuevos puestos. En particular, cabe resaltar que doce de los quince sectores de actividad mostraron retrocesos en el nivel de empleo formal asalariado. En particular, el proceso de destrucción de empleo formal estuvo concentrado en cuatro actividades, que dieron cuenta del 80% de la pérdida bruta absoluta de puestos formales: la construcción explicó la tercera parte de la pérdida absoluta (-67.400; -15,0%) como resultado de la decisión de paralizar la obra pública, la industria aportó el 28% del total (-60.300; -5,0%), la actividad inmobiliaria y de alquiler, el 11% (-24.000), y los servicios comunitarios y sociales, el 8% (-16.100). En cambio, sólo dos de tres actividades explicaron alrededor del 90% de la creación bruta de nuevos puestos: la agricultura y ganadería contribuyó con casi la mitad de la generación absoluta de nuevos puestos (8.000; +2,6%), mientras que el comercio aportó el 38% de los nuevos empleos (6.300; +0,5%). Por otro lado, la evolución por provincias revela una destrucción de puestos privados formales en 22 jurisdicciones y la creación de nuevos empleos en sólo 2 de ellas. Entre las 22 jurisdicciones que anotaron una pérdida bruta de puestos, 4 de ellas dieron cuenta de las dos terceras partes de esa reducción absoluta de empleo privado: PBA (-69.400), CABA (-34.600), Santa Fe (-13.000), y Córdoba (-12.600). Por otro lado, de las 2 provincias que computaron subas, Neuquén explicó el 90% (4.900) del aumento verificado por las 2 provincias con creación bruta de puestos formales.
El desempeño de las retribuciones salariales registradas ajustadas por la evolución del IPC-Indec permite advertir que entre noviembre 2025 y noviembre 2023, mientras que el poder adquisitivo del trabajador privado anotó una disminución del 1,2% real, el poder de compra de los salarios públicos soportó una pérdida de 15,5% real. No obstante, resulta fundamental apuntar las insuficiencias que plantea la medición de la inflación mensual por parte del IPC-Indec. La canasta usada para calcular el IPC está basada en una cesta de consumo de los años 2004-2005, la cual ya no es representativa del gasto de la población, en tanto no refleja el creciente peso de los servicios en la cesta de gasto de los hogares, que por otro lado, es el rubro que se incrementó sustancialmente desde la asunción de Milei, muy por encima del índice general. Luego, para contar con una medición más ajustada del devenir de los salarios reales registrados puede emplearse el IPCBA, el cual fue actualizado, utilizando como fuente principal la ENGHo 2017-2018, con año base 2021. Si se utiliza el IPCBA, se tiene que entre noviembre 2025 y noviembre 2023, mientras que el poder adquisitivo del trabajador privado registrado anotó una merma del 6,2% real, el poder de compra de los salarios públicos soportó una caída de casi el 20,0% real. En suma, la evolución de los ingresos no sólo continúa marcada por fuertes desigualdades entre sectores, sino que además enfrenta crecientes tensiones por los retrasos de ajustes paritarios nominales frente a la aceleración inflacionaria verificada en los últimos meses.
La evolución de la cantidad de empleadores con trabajadores registrados revela una “reducción neta” de 21.938 empleadores entre noviembre 2025 y noviembre 2023 (-4,3%), como resultado de una destrucción bruta de 24.058 empresas y una creación bruta de 2.120 firmas. La performance de la cantidad de empleadores por sector de actividad, CIIU-revisión 4, permite advertir que entre las 16 actividades donde se verificó una destrucción bruta de 24.058 firmas, cinco de ellas dieron cuenta de las tres cuartas partes de la pérdida bruta de empresas: transporte (22% del total; -5.239), comercio por mayor y menor (19%; -4.593), servicios inmobiliarios (13%, -3.101), Industria (10%; -2.436), y servicios profesionales (10%; -2.315). Por otra parte, según el criterio de clasificación por tamaño de empresa, el 98% de la reducción neta en la cantidad de empleadores fue explicada en forma abrumadora por la performance negativa de “pequeñas empresas” (21.651 empresas menos; -4,5%). En tanto, muy pero muy lejos del desempeño categóricamente negativo de las pequeñas empresas, puede comprobarse que las empresas grandes se vieron más adversamente afectadas que las medianas (-179 vs.-108). El cierre “masivo” de empresas en la era Milei, producto en última instancia de la aplicación de un programa económico ultra-ortodoxo neoliberal, se originó en la significativa caída de ventas y la pérdida de rentabilidad, que se derivó de la merma del consumo, los altos costos de producción (por la suba de tarifas públicas -electricidad, gas, combustibles- y de las altas tasas de interés), la pérdida de competitividad real, las restricciones para el acceso al crédito, la parálisis de la obra pública, y la apertura importadora indiscriminada.
Por último, cabe notar que hasta ahora, la prometida creación de empleo de mayor calidad como resultado de las diferentes reformas laborales introducidas, tanto por la ley Bases como por el Decreto 847/24, sigue siendo una deuda pendiente de la gestión libertaria. El poder concentrado dominante y su aparato mediático hegemónico, las consultoras de la city, y distintos economistas afines a Milei, insistieron en proclamar que las modificaciones laborales impulsadas iban a apuntalar el empleo formal. Pero, “nada de eso sucedió”, al contrario, se verificó no sólo una brutal destrucción del empleo registrado privado y público nacional, sino también una suba de modalidades informales y precarias. Es importante tener esto presente en el actual contexto, donde recientemente el gobierno nacional junto con la ayuda de sectores aliados (los “restos” del PRO, miembros del inestable espacio de Provincias Unidas, y los gobernadores radicales y peronistas “con peluca”), acaban de sancionar en un “trámite express” en el Congreso nacional, una amplia ley de “modernización” laboral, proclamando que esta reforma generará una mayor competitividad por reducción de costos laborales, mayor formalización laboral por reducción de impuestos al trabajo, y una limitación de la litigiosidad y judicialización.
En verdad, la ley aprobada se organiza en torno a tres grandes ejes que acentúan la “asimetría estructural de poder” entre trabajador y empleador: i) recorte de derechos de trabajadores e introducción de cambios regresivos en la Ley de Contrato de Trabajo; ii) erosión de la negociación colectiva, priorizando los convenios por empresa sobre los convenios de actividad, retroceso del poder sindical, y limitación del derecho a huelga, y iii) significativas transferencias de recursos del trabajo al factor capital. Una vez más, la memoria de experiencias similares en la historia económica reciente del país, permite advertir que lo que en realidad persiguen estas iniciativas, es suprimir derechos, reducir costos laborales, y cercenar el rol sindical, con el fin no sólo de permitir usufructuar mayores tasas de ganancias a los grandes conglomerados y grupos empresarios concentrados, sino además buscar un mayor disciplinamiento social en momentos en que se asiste a un escenario de creciente conflictividad laboral, producto de la brutal destrucción de puestos de trabajo registrado, recortes en los ingresos salariales reales, y un cierre masivo de empresas.